En febrero, la administración de Trump anunció el «Grupo de Trabajo para Combatir el Antisemitismo». Su supuesto objetivo es «erradicar el acoso antisemita en las escuelas y los campus universitarios». En realidad, no es más que una cortina de humo para ocultar los ataques a los derechos democráticos y los recortes a los fondos para la educación.
La táctica del grupo de trabajo es: primero amenazar con recortes y luego cuestionar. Por ejemplo, cancelaron 400 millones de dólares de fondos federales para la Universidad de Columbia en marzo. Columbia cedió a las exigencias del grupo de trabajo, pero hasta la fecha, los fondos no han sido restituidos. Otras universidades bajo ataque son Brown, Princeton, Northwestern, Cornell y Harvard.
En abril, el grupo de trabajo envió a la Universidad de Harvard una carta con exigencias. Para retener miles de millones de dólares en subvenciones, deben implementar una prohibición total del uso de mascarillas; dejar de financiar y reconocer a los clubes estudiantiles pro-Palestina; eliminar cualquier preferencia basada en la identidad en la contratación de empleados y admisión de estudiantes; y evaluar a todos los estudiantes internacionales para descartar a cualquiera que sea «hostil a los valores estadounidenses» o «apoye el terrorismo o el antisemitismo».
Los abogados de Harvard respondieron que las exigencias eran «ilegales» y acusaron al gobierno de excederse en su autoridad, que a su vez respondió congelando más de 2 mil millones de dólares en becas. Trump ordenó al IRS (Insituto de impuestos) que revocara la exención de impuestos de Harvard, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, amenazó con impedirles la admisión de estudiantes internacionales, una importante fuente de ingresos para la universidad, que representa el 27% de la matrícula total.
Ataques a los derechos democráticos
Lo que resulta particularmente repugnante es que el grupo de trabajo presenta a los manifestantes pro-Palestina como intolerantes violentos que vulneran los derechos civiles de los estudiantes judíos. Esta mentira es fácil de descifrar. Lo que realmente está sucediendo es el aplastamiento de las acciones pacíficas de solidaridad con Palestina, a menudo lideradas por estudiantes judíos.
Atacar a los estudiantes internacionales añade un nuevo matiz a su táctica. Así como culparon a agitadores «de fuera del estado» de las protestas de Black Lives Matter de 2020, a la Casa Blanca le encantaría fingir que estudiantes internacionales «antisemitas» que «apoyan a Hamás» estaban detrás de las acampadas del año pasado. Pero las protestas contra el genocidio israelí respaldado por Estados Unidos han movilizado a muchos ciudadanos estadounidenses, no solo a estudiantes. La mayoría de los estadounidenses, en todos los grupos demográficos, ya no simpatizan con Israel y apoyan la formación de un Estado palestino.
¿Por qué el gobierno presiona a las universidades para que sigan socavando los derechos democráticos de los estudiantes y profesores que se atreven a oponerse a la guerra en Gaza? En tiempos de relativa paz de clases, los «derechos democráticos» son útiles para que los capitalistas ofrezcan una salida segura al descontento social que no amenace su sistema en su conjunto. Pero ahora, con el capitalismo en su agonía, se preparan preventivamente para afrontar futuros estallidos de la lucha de clases. Trump se muestra particularmente entusiasmado con esto, pero las cosas no fueron tan diferentes con Biden y los demócratas, quienes demonizaron y reprimieron brutalmente el movimiento palestino.
Responde con la lucha de clases
Los comunistas luchamos por los derechos democráticos, pero no por un compromiso con la «democracia» en abstracto. Luchamos por los derechos democráticos de la clase trabajadora como arma para organizarnos contra los capitalistas. Recurrir a los tribunales es un callejón sin salida, porque son herramientas creadas por y para el enemigo de clase.
Si queremos lograr una verdadera libertad de expresión y de reunión, los trabajadores y estudiantes deben responder con tácticas de lucha de clases, incluyendo huelgas y manifestaciones, con el objetivo de poner los campus bajo el control del personal, el profesorado y el alumnado. Si el gobierno burgués amenaza con retirar la financiación, respondemos: ¡expropien a los multimillonarios y banqueros! Un gobierno obrero utilizaría esa riqueza para financiar la educación y la investigación y resolver los mayores problemas de la humanidad.
