¡La OCR repudia la detención del activista Renato Romero!

La Organización Comunista Revolucionaria (OCR) se manifiesta en contra de la detención arbitraria e injusta de Renato Romero Camacho, defensor de los recursos naturales y del territorio, principalmente del elemento vital: el agua. El activista del Valle de Perote fue detenido en la capital poblana cuando se dirigía a un cabildo abierto en el municipio de Neactitlán.

Renato ha jugado un papel dirigente en la defensa del agua, la cual es robada por grandes empresas capitalistas como Iberdrola, Audi y Granjas Carroll. En una de las protestas, en junio de 2024, las fuerzas armadas del Estado abrieron fuego contra los manifestantes, causando la muerte de dos compañeros. Algunos aún creen que la izquierda gobierna el estado y que el gobierno federal es progresista, pero en momentos decisivos el Estado se ha posicionado del lado del gran capital. Los abusos que están ocurriendo no coinciden con los discursos de los políticos actualmente en funciones.

La detención arbitraria de activistas y líderes de organizaciones que se manifiestan contra el sistema capitalista burgués es una clara señal del intento por silenciar las voces críticas al sistema político y económico capitalista vigente. Esto confirma lo que Marx y Engels denunciaron en El Manifiesto Comunista hace casi 180 años: «El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa.»

Los gobiernos capitalistas neoliberales han privatizado el agua, entregándola a empresas como Agua de Puebla, que controla el suministro del vital líquido y, como toda empresa capitalista, lo trata como mercancía. Por supuesto, la clase dominante disfruta del privilegio de su uso, mientras que la clase trabajadora sufre desabasto en sus hogares. Las empresas, en cambio, continúan generando riqueza privada, enriqueciendo a unos cuantos capitalistas en detrimento de la mayoría de la población en Puebla y sus municipios.

En este contexto, activistas como Renato Romero Camacho han levantado la voz, y el Estado —utilizando la fuerza pública— lo ha encarcelado. Agua de Puebla ha sido el «caballito de batalla» para demandar a este activista político. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla señaló en un comunicado que se dio cumplimiento a una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de daño en propiedad ajena y despojo agravado, relacionados con hechos ocurridos el 28 de mayo de 2025 en San Miguel Xoxtla.

Ante dicho comunicado, se aclara lo siguiente:
El pozo número 4 no es propiedad de Agua de Puebla, sino un bien público de carácter municipal. Así lo establece el convenio número 135, firmado el 27 de julio de 2023 entre el Ayuntamiento anterior de Xoxtla, Agua de Puebla, SOAPAP y la Secretaría de Gobernación estatal, donde se señala expresamente que el 50 % de su capacidad corresponde a la población de Xoxtla. Por tanto, resulta jurídicamente improcedente calificar como “daño en propiedad ajena” acciones de defensa comunitaria respecto a infraestructura municipal destinada al abasto de agua para la colectividad.

Ante esta situación, queda claro que quien gobierna nuestro estado está incapacitado para enfrentar el problema del agua. Por ello, denunciamos la demagogia que se vive actualmente en Puebla.

Hay que recordar que el trabajo no es la única fuente de riqueza material: también recibimos productos de la naturaleza como un regalo gratuito. El agua es uno de ellos, y contribuye a la riqueza de la sociedad. Un antiguo economista inglés, William Petty, observó correctamente que el trabajo es el padre de la riqueza y la tierra, su madre —una afirmación que Marx retoma en El Capital—.

El valor del agua no puede analizarse de forma neutral; depende de la clase social que lo examine. Si es la clase dominante —como ocurre actualmente en Puebla y en el país— los resultados son los que estamos viviendo: abusos del Estado, represión a los activistas y persecución de quienes mantienen una mentalidad crítica.

La OCR-Puebla manifiesta su repudio al Estado represor y violador de los derechos humanos. Expresa su inconformidad con el intento del gobernador Alejandro Armenta de silenciar a las voces críticas mediante el abuso de la fuerza y su complicidad con la empresa que controla el agua en perjuicio de los poblanos.

Renato Romero Camacho es ampliamente conocido por su trayectoria en defensa del territorio y del derecho humano al agua, tanto en Puebla como en Veracruz. En este sentido, su detención —bajo argumentos jurídicamente cuestionables— parece orientada a enviar un mensaje de intimidación y castigo a las comunidades que ejercen su legítimo derecho a defender el acceso al agua.

El problema es histórico y político: se da entre los pueblos originarios y una empresa que controla el agua con respaldo de un gran capital financiero. Agua de Puebla lucra con el agua y la tierra de los pueblos, ofreciendo estos recursos a empresas como Granjas Carroll.

Esta detención es un acto de represión política, destinado a desmovilizar a quienes luchan por el derecho humano al agua. En lugar de atender el reclamo legítimo de la comunidad —preocupada por la cantidad y calidad del agua, y por el derecho constitucional de los habitantes de Xoxtla—, se recurre a detenciones injustas y regresivas, que recuerdan un pasado que nunca debería volver. Estas detenciones buscan generar miedo y, además, intentan fragmentar la capacidad organizativa y de unidad del pueblo.

¡No a la criminalización de los defensores de la tierra y el agua!

¡Es inaceptable que un gobierno que proclama la transformación persiga a luchadores sociales!

¡Defender el agua no es delito; encarcelar a quienes la defienden, sí!

¡Libertad para Renato Romero Camacho!

¡Por un sistema socialista donde todos los recursos se cuiden y se pongan al servicio de los trabajadores!