El pasado 28 de septiembre fue el Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro, día que se asumió desde 1990.
A lo largo de todo el país se pudo observar en distintos medios las marchas, protestas y acciones llevadas a cabo por las mujeres que luchan por la despenalización de la interrupción del embarazo en México.
Lamentablemente, también fue evidente que la policía, en lugar de proteger a las mujeres durante las protestas, se encargaron de evitar que se manifestaran. Esto se pudo ver en la capital de Veracruz, Xalapa, donde se realizó un operativo de elementos de Seguridad Pública, los cuales se encontraban equipados con equipo antimotines y gas lacrimógeno, con el propósito de evitar que las feministas pintaran consignas en diversos puntos.
En el Puerto de Veracruz, las mujeres también realizaron una marcha pero, de igual forma, se vieron interrumpidas por policías, quienes les impedían el paso y las mantuvieron acorraladas para evitar que continuaran avanzando. Asimismo, un grupo de religiosos hicieron una cadena humana para evitar que las feministas hicieran pintas en las paredes en la Catedral.
De acuerdo con diversas fuentes que reportaron los acontecimientos del lunes pasado, las feministas del Estado de Veracruz enviaron una carta al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, donde condenaban la represión de la policía durante la manifestación.
Es bien sabido que sólo en la Ciudad de México y, recientemente, en Oaxaca, el aborto es legal bajo cualquier circunstancia. Específicamente hablando, en 2016, Javier Duarte de Ochoa impulsó a reforma que hizo que el Congreso del Estado de Veracruz aprobara la ley que protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural, dejando sólo cinco causales permisibles para la Interrupción Legal del Embarazo. Dichas acciones limitan los derechos reproductivos de las mujeres. Además, en Veracruz, el aborto clandestino es la tercera causa de muerte materna, de acuerdo con la Asociación Civil, Equifonía (2019).
Es importante que la ciudadanía se informe y se vuelva consciente de que el aborto clandestino es un problema de salud pública, puesto que la mortalidad materna es menor cuando la interrupción del embarazo es legal. Asimismo, las autoridades deben tomar acciones al respecto y desaprobar los operativos llevados a cabo el 28 de septiembre, pues esto sólo demostró la prioridad del gobierno, que, evidentemente, no es la salud y los derechos reproductivos de las mujeres mexicanas.
