La COB ha declarado un cuarto intermedio para reunir sus organismos dirigentes y los de las federaciones y evaluar el contenido del acuerdo con el gobierno. Algunas federaciones, particularmente el Magisterio Urbano de La Paz, Potosí junto a los fabriles de La Paz y Cochabamba siguen movilizado, mientras los mineros y otras federaciones se han ya replegado. El movimiento obrero organizado se ha dividido una vez más con respeto a la actitud frente al gobierno.

Activistas sindicales y de izquierdas del mundo firman una carta abierta a Evo Morales en relación al conflicto sobre el aumento salarial entre la COB y el gobierno del MAS

Firma la carta abierta

Posiblemente la Central Obrera Boliviana declare un cuarto intermedio para evaluar las propuestas del gobierno. Antes de analizar las mismas queremos aclarar la posición que la Corriente Marxista Internacional hemos estado defendiendo en el transcurso de estos días.

El aumento salarial del 5% decretado el 2 de mayo porque considerado realístico por el gobierno es rotundamente rechazado por distintos sectores de trabajadores, principalmente fabriles, magisterio, sector público y también por los policías de bajo rango. Este rechazo se concretó el día de ayer en multitudinaria marchas en todo el país y en una huelga general de 24 horas que mete a nudo las contradicciones tanto del camino al socialismo proclamada por el gobierno, reflejadas en la política económica, como las que dividen al movimiento obrero organizado.

El M.A.S. sale de las elecciones administrativas del 4 de abril confirmado como primera fuerza nacional. En las elecciones municipales del 2004 el M.A.S. ganaba en 80 de los 327 municipios del país y en ninguna ciudad capital, mientras que en las elecciones de Prefectos del 2005 solo ganó en Chuquisaca, Potosí y Oruro. Hoy el M.A.S.

A las 8 de la mañana del pasado miércoles 17 de febrero agencias de prensa bolivianas como la Red ERBOL anunciaban el ingreso del fiscal en el Alto Mando de las FFAA para investigar los archivos secretos de la dictadura. Se trataba de la aplicación de una resolución ministerial (0316 del 2009) que tiene como objetivo facilitar el acceso a familiares de las víctimas, autoridades que investigan el caso y personas que demuestren su interés legítimo para acceder a la información militar.